Karla Gajardo es enfermera de profesión, nacida y criada en Concepción. Su aventura en política comienza el año 2015, cuando entra a trabajar al Hospital Regional Guillermo Grant Benavente de Concepción, como encargada de las listas de espera quirúrgicas. En este año ella descubre que existía una gran cantidad de pacientes que no estaban en las listas, tema que informa al director del establecimiento. El mismo escenario se repite en 2016 y 2017.
En 2018, el personal del área se cansó de recibir a decenas de pacientes que tocaban su puerta consultando por las listas de espera, recibiendo a bocajarro que sus nombres no figuraban en las nóminas oficiales, pero sí en un sistema interno denominado “R5”. En este año se realiza una revisión completa del total de las nóminas desde el año 2010 hasta la fecha. Se encontró que había más de 52.000 prestaciones en desfase en relación a las nóminas de los listados oficiales.
Fue entonces que Karla decide informar la situación directamente al director del hospital, Carlos Capurro, recibiendo como pago al día siguiente su carta de término de contrato de honorarios. Debido a ello se hace asesorar por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS), donde se negocia su continuidad laboral, pero reubicada en otro servicio, gestión de camas. Pasó 23 días trabajando allí, siendo continuamente mal evaluada por sus supervisores, con el objetivo de sacarla del hospital.
La enfermera tuvo que esperar un año por su reincorporación laboral, conversaciones con Carlos Capurro y Carlos Grant del Río –entonces director del Servicio de Salud de Concepción- mediante. Tras cumplirse este año, la FENATS realiza una huelga de hambre por la persecución sindical que se vivía al interior del recinto y deciden en conjunto hacer pública la denuncia que ya se había hecho de forma interna, con el objetivo de comenzar una investigación sumaria para esclarecer qué había sucedido con los pacientes.
Paralelamente, Karla solicita a Jaqueline van Rysselberghe -en su calidad de parlamentaria, a través de su hermano, Enrique van Rysselberghe- que se investigue el por qué estos pacientes se habían mantenido ocultos. Entonces, a través del Senado, se solicita información al HGGB, pero el hospital asegura que se encuentra todo en orden, que no existen pacientes ocultos en listas de espera (todo esto, antes de llevar la noticia a los medios).
En este punto entra Contraloría a investigar el asunto. De las 52.000 prestaciones en espera selecciona como muestra 2 de los 5 tipo de prestaciones, excluyendo el resto, en un periodo de aproximadamente 2 años. Se encuentra que tenían que ingresarse más de 8.000 prestaciones que no estaban incluidas en las listas de espera.
“Digo prestaciones y no personas porque una persona puede haber estado esperando 2 o 3 prestaciones, que era el promedio. Pero estamos hablando de personas que no estaban ingresadas en los listados oficiales, que fueron a médico, se vieron con el especialista, el médico les indica que tienen que realizarse una intervención y luego su nombre cayó en un tacho de basura, desde donde no podrían nunca más acceder a un compromiso quirúrgico”, asegura enfática la enfermera.
“La situación es grave y es compleja. Nosotros nos encontramos trabajando con abogados para que se realice la investigación total de las 52.000 prestaciones que se denunciaron, cosa que debió haber hecho de forma inmediata el Ministerio cuando se solicitó. Lo peor es que sólo se ha investigado la superficie de lo ocurrido en el HGGB, pero este mismo sistema informático, esta metodología de trabajo, la utiliza todo el Servicio de Salud Concepción; no se ha investigado los hospitales de Santa Juana, Florida, Coronel, Lota y los demás que pertenecen al SSC. Nadie se ha hecho responsable y hay gente que -literalmente- ha fallecido esperando una respuesta. Queremos solicitar también a Fiscalía que pueda instruir a los pacientes su condición ‘en espera’, es decir, que sepan que estaban incluidos en esta lista desde donde nunca iban a ser llamados y que producto de una denuncia pudieron acceder a estas prestaciones. En el fondo, también es para que la gente pueda estar más atenta a su condición de salud y se preocupe lo que pasa en cada caso. Y, ciertamente, que quienes sean responsables de estas omisiones paguen como corresponde”.
– ¿Cómo enfrentaste tomar la decisión de ser el rostro de esta denuncia ante los medios?
– Yo vengo de una familia súper cristiana, católica. Cuando yo lo conversé con mi familia, mi mamá me dijo que había que arriesgarse. Que cuando uno está con Dios tienes que hacer las cosas por el bien y, en este caso, es mucha gente la que está perjudicada. Nosotros sabíamos que iban a ser tiempos difíciles, pero nunca esperé que fueran años. Han sido años súper complejos desde que hice esta denuncia fiscalizadora desde mi rol profesional. Todos quienes estudiamos para trabajar en el servicio público lo hacemos para estar al servicio de la comunidad, de las personas. Fue lo que hice, pero me encontré con personas que están a favor de su propio individualismo, piensan en ellos y no en el bien común de las personas.
– ¿Qué consecuencias directas te trajo esto?
– Se me cerraron todas las puertas del área pública de la red asistencial. No pude trabajar en el sistema público por lo menos por tres años. Me pude reincorporar gracias a una solicitud casi personal que le hice al alcalde, Álvaro Ortiz, a quien solicité incorporarme a trabajar en un establecimiento de salud municipal. Gracias a ello, estuve trabajando como enfermera de terreno del CESFAM Lorenzo Arenas, aproximadamente por un año. Luego me retiré por motivos personales, pero no puedo negar el agradecimiento al alcalde.
– ¿Qué hiciste luego que se te cerraran las puertas de la red asistencial? ¿Qué pasó en ese tiempo hasta tu reintegración?
– Luego de la denuncia pública me buscó el senador Alejandro Navarro, me ofreció ayuda judicial, a través de abogados para poder seguir haciendo las denuncias. En ese entonces interpusimos una querella por ‘Homicidio omisivo’ a los responsables de las muertes de las personas que fallecieron esperando una prestación que nunca llegaría. Esta situación está en Fiscalía aún porque tiene que ser Contraloría quien derive las nóminas oficiales para revisar quiénes han sido los y las que han perdido la vida en este gran homicidio por omisión.
– Paralelamente, Navarro me invita a trabajar con él, como asesora de Salud en lo que es la Comisión de DD.HH. del Senado durante el Estallido Social. Así estuve como enfermera asesora por tres meses. Básicamente, con los casos de personas violentadas durante las protestas, con quienes perdieron sus ojos; nosotros los contactábamos para que pudieran exponer su caso ante la Comisión.
– Durante este trabajo me di cuenta que soy una persona que está en constante contacto con las comunidades, con trabajo territorial. Luego de esto me dediqué a trabajar de forma voluntaria con mi amigo Javier Sandoval, quien fue candidato a gobernador regional en las pasadas elecciones de abril 2021. Con él estuve trabajando en el trabajo territorial de su comando, sobre todo en los últimos meses de campaña.
– Las campañas son periodos fuertes de trabajo con comunidades…
-Sí, y gracias a ello también me di cuenta de cómo trabaja el Gobierno Regional (GORE); entendí que pese a tener gran cantidad de consejeros regionales, la mayoría trabaja de forma muy pasiva, no cumplen su rol fiscalizador, permitiendo que se voten proyectos que ya están incluso fuera de plazo. Entendí que si a mí me despidieron por denunciar un hecho que afecta la vida de miles de personas, ¿qué podría hacer yo desde el Consejo Regional para ayudar a más gente y qué haría la oposición para frenarme? ¿quién va a venir a despedirme para decirme que no puedo fiscalizar como corresponde?
– De ahí nace tu interés por ser consejera regional (Core).
– Exacto, porque me di cuenta que el rol fiscalizador es algo innato en mí. Pero lamentablemente este país expulsa, reprime o castiga a las personas que van con la verdad de frente, a quienes quieren mejorar el sistema en beneficio de las comunidades. Este cargo es una posibilidad para ser un ente fiscalizador potente en el GORE, para poder beneficiar a las personas que actualmente no están recibiendo lo que se espera. Mi motivación más grande es poder fiscalizar adecuadamente y no tener miedo al despido por hacer mi trabajo. Es lo que hace falta en este país.
– Hubo mucha gente que, luego de hacer pública mi denuncia, se me acercó para que les ayudara a ellos a hacer sus denuncias propias; colegas del Hospital Higueras, del Hospital de Los Ángeles, que han encontrado errores que le han costado la vida a personas. Todos casos donde el individualismo prima por sobre el bien común.
– ¿Cuál es tu motivación principal para llegar a ser consejera regional?
– Mi tarea principal es intentar humanizar los procesos que llevan a una mejora en la calidad de vida de las personas. La humanización de los procesos es algo que creo que le falta a este GORE y, en general, al Gobierno central, que dejen de ver a las personas como números, que los indicadores sean parte de la gestión, pero que lo principal sea la atención, acompañar, que nadie se olvide que antes de ser un número somos humanos.
– Imagino entonces que deseas llegar específicamente a la Comisión de Salud del CORE…
– Principalmente. La salud está abandonada. Pese a que en todas partes se hable de pandemia y vacunas, hay lugares como Arauco donde faltan ambulancias. Por eso siento que realmente falta alguien del mundo de la salud en el CORE. Pero como la salud no lo es todo, yo trabajo con un equipo técnico multidisciplinario que me ayuda a complementar las áreas en que no soy perito.
– ¿Sólo deseas restringirte al área de salud?
– No, por ello me asesoro bien por mi equipo. Tengo hijos y entiendo que la educación es un tema igual de importante. Estoy estudiando Derecho para poder ser abogada y poder hablar además desde ese rol. Entonces, mi fuerte es la salud, pero mi intención es una fiscalizadora integral.
– ¿Qué opinas del manejo de la salud en Chile, respecto a la pandemia, los últimos dos años?
– Creo que hay una manipulación de la situación. Los actuales gobernantes para mantener a raya el poder han tenido que mantener también las restricciones que nos han dado, generando miedo en la población. Me parece fatal el trabajo con el miedo, puesto que deteriora la salud física y mental de las personas. No creo que ese sea el rol de un gobierno central. El rol debe ser entregar seguridad a la gente y nos tienen viviendo bombardeados constantemente con información que no debiera llegar a nosotros así; saber por ejemplo cuánta gente muere a diario en todos los medios. Si bien la pandemia es un hecho real que estamos viviendo, el Gobierno se ha encargado de deteriorar aún más la salud, su manejo ha sido pésimo. Tampoco han querido escuchar a los investigadores y profesionales del área, por ende, se encuentran mal asesorados, se contradicen todo el tiempo. Ha sido una gran improvisación en un momento de crisis en que necesitas profesionalismo.
Texto y fotografía: Fabián Rodríguez
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